Rusia sigue su escalada contra el colectivo LGTBI con la designación de ILGA Mundo como organización «indeseable». Esta ley afecta a esta federación mundial de más de 2.000 organizaciones de 170 países y territorios y tiene como objetivo prohibir cualquier cooperación con «indeseables» para ciudadanos y entidades rusas, incluidas las organizaciones miembros de la federación en el país. «Esto un paso más en su persistente acoso y criminalización de las personas defensoras de los derechos humanos y las poblaciones LGBTI», declararon desde ILGA.
La ley que designa organizaciones «indeseables» en Rusia se aprobó en 2015 y se amplió en 2021 y 2024. Es una de las herramientas represivas que las autoridades rusas han adoptado para silenciar todas las críticas al Gobierno, y para incapacitar a la sociedad civil.
Esta legislación también supone que los ciudadanos rusos que sigan colaborando con organizaciones «indeseables» se puedan enfrentar a penas de hasta seis años de prisión. Además, es una ley que ya ha sido criticada por organismos y expertos internacional en derechos humanos como el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la Comisión de Venecia del Consejo de Europa. El Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y el relator especial de las Naciones Unidas sobre Rusia también instaron a las autoridades rusas a revisarla o derogarla.
«La justicia comienza con las personas defensoras de los derechos humanos que exigen a los gobiernos que rindan cuentas de sus acciones y su labor para construir una sociedad más justa para todes. Pero hoy, el Gobierno ruso ha cedido a su propio miedo a la rendición de cuentas y a la justicia», declaró Julia Ehrt, directora ejecutiva de ILGA Mundo.
Ehrt considera que el Gobierno ruso no castiga a ILGA Mundo, sino que añade un episodio más a su «repertorio autoritario», en el que utiliza a las minorías como «chivos expiatorios» para distraer la atención de otros asuntos como la acumulación de poder y riqueza de las clases altas y la represión contra las sociedad civil.
La directora ejecutiva va más allá y señala que es un modelo que siguen los «líderes autoritarios de muchos países» y que encaja con el clima hostil contra las minorías y la sociedad civil en casi todas partes.
La decisión del Ministerio de Justicia ruso, que según se informa también incluye a otras ocho organizaciones de Estados Unidos y de toda Europa, se comunicó el pasado miércoles 21 de enero en la página web del ministerio. Por su parte, ILGA Mundo afirma que no ha recibido ninguna comunicación directa sobre la designación y que los motivos oficiales se desconocen.
Rusia, contra el colectivo LGTBI
Esta ley se suma a otros movimientos del Gobierno ruso contra el colectivo y activistas LGTBI. En noviembre de 2023, el Tribunal Supremo calificó el «movimiento LGTBI internacional» como «extremista», aunque, dado que dicho movimiento no es una «organización» existente, quién puede ser considerado participante u organizador del mismo está abierto a interpretaciones muy laxas. En 2024, se abrieron al menos siete causas penales por extremismo LGBTI. En julio de 2025, se informó de que se había aprobado una nueva ley que prohibía las búsquedas en Internet de información sobre «organizaciones extremistas».
«Calificar a los grupos de derechos humanos de indeseables es grotesco y cínico, pero así están las cosas. Sin embargo, por mucho que los gobiernos intenten legislar para que las personas LGBTI dejen de existir, los movimientos seguirán siendo fuertes y comprometidos, y la solidaridad seguirá viva más allá de las fronteras. Y juntes, seguiremos construyendo un mundo más justo para todas las personas», concluyó Ehrt.
