Cinco años sin Samuel: así cambió su asesinato los delitos de odio en España

El 3 de julio es una fecha conflictiva para la comunidad LGTBI patria. En ella concurren dos hechos de carácter muy distinto: la entrada en vigor del matrimonio igualitario en 2004 y el asesinato en 2021 de Samuel Luiz, un joven de 24 años que falleció después de recibir una brutal paliza homófoba en La Coruña.

A Samuel lo mataron por maricón porque a Samuel lo mataron al grito de 'maricón'. Esta idea, a priori tan fácil de entender, no pareció calar de inmediato en el discurso público. Por eso, apenas horas después de que los medios se hicieran eco del caso, diferentes asociaciones LGTBI convocaron manifestaciones en puntos de toda la geografía nacional para reclamar que el caso se instruyera como delito de odio. Gracias a esa presión civil y al trabajo de la Fiscalía, la sentencia final del caso (que confirmó el Tribunal Supremo a finales del año pasado) reconocía el matiz discriminatorio de este crimen al aplicar a uno de los condenados el agravante por homofobia.

5 años después de la muerte de Samuel, repasamos algunos de los cambios legislativos que se han dado en el ordenamiento español durante los últimos años para proteger la integridad de las personas LGTBI.

«Lo curioso de los delitos de odio es que no son un tipo nuevo de delitos, sino delitos comunes en los que la motivación de ese hecho es precisamente la discriminación. Es decir, que Pepe no pega a Juan porque le deba dinero o se haya acostado con su pareja, sino que le selecciona como víctima por su orientación sexual», explica Maite Verdugo, una de las mayores expertas fiscales en nuestro país en lo que respecta a delitos de odio. Ella vivió de cerca el caso Samuel Luiz: su compañera Olga Serrano fue la fiscal de sala encargada de defenderlo.

Esa motivación discriminatoria, fundamental para que un caso se tramite como delito de odio, no siempre termina haciéndose patente en el escrito de denuncia. Algunos expertos señalan como motivos una falta de sensibilización en los cuerpos policiales y la judicatura y el desconocimiento por parte de las víctimas que inician un proceso penal: «Aunque el funcionamiento de estas instituciones ha mejorado, hay quien todavía no entiende que hablamos de delitos de odio, y los terminan instruyendo como meros delitos de lesiones o de amenazas leves. Esa mala praxis hace que toda la investigación consiguiente sea fallida», explica Saúl Castro, abogado experto en derecho antidiscriminatorio.

Verdugo se muestra más optimista ante el panorama actual. Según afirma la fiscal, se ha hecho un esfuerzo en los últimos años por dotar a policías, jueces y fiscales de herramientas para identificar y abordar estos delitos de odio. «Empezamos haciendo formación en cascada a cuerpos policiales hace unos 15 años y, desde hace ya un tiempo, se ha incluido también en el temario de oposiciones a policía, lo que nos asegura que todos los que vayan a examinarse estén formados en delitos de odio», asegura. La aplicación en la judicatura ha llegado más tarde, admite, pero también se ha incluido tanto en la Escuela Judicial de Barcelona, un paso obligatorio para cualquier juez, como en el Centro de Estudios Jurídicos, que se encarga de formar a fiscales.

La fiscal de delitos de odio recuerda que el agravante por homofobia forma parte del Código Penal desde 1995, pero que durante dos décadas quedó «en poco más que papel mojado». «El problema a nivel jurídico ha sido que, una vez probábamos que el autor había cometido el crimen, el motivo se volvía irrelevante. Los delitos de odio requieren una investigación extra, y muchos jueces decían: 'Si ya le vamos a condenar, ¿qué más da por qué lo haya hecho? ¿Por qué seguir investigando?'. Pero claro, aquí el daño va más allá de la integridad física», argumenta la fiscal. Curro Peña, doctor en Derecho Internacional e investigador sobre los Derechos Humanos de las personas LGBTI+, coincide con ella: «Las agresiones LGTBIfóbicas son una forma de violencia que manifiesta de forma extrema el estigma que pesa sobre la comunidad. Buscan reafirmar una jerarquía social en la que las personas LGTBI estamos por debajo de otras y, por tanto, merecemos la violencia recibida. Que el Estado no reconozca esa diferencia también es una forma de reafirmar esa jerarquía».

Según datos publicados por el Ministerio del Interior, en España se registraron un total de 2.417 delitos de odio en el año 2025; de esos, 571 (más de un 20%) se cometieron contra personas del colectivo LGTBI. Esta cifra supone un máximo en la serie histórica y concuerda con la tendencia alcista que señalan algunas organizaciones LGTBI. Pese a todo, los expertos advierten de que ese dato no tiene por qué relacionarse directamente con un aumento de la violencia o de la criminalidad. «Solo pone de manifiesto que la población española está más concienciada con el hecho de denunciar y que las políticas públicas para visibilizar estas violencias están funcionando, pero el número por sí solo no ofrece una visión correcta ni realista de la realidad del colectivo», aduce Saúl Castro. Maite Verdugo reconoce que las cifras «están subiendo espectacularmente en estos últimos cinco años y, aunque no suponga necesariamente que haya más delitos, sí creo que el empoderamiento que ha vivido últimamente el colectivo ha hecho que aumente el rechazo en otros».

En los años transcurridos desde el asesinato de Samuel Luiz, España ha promulgado una serie de leyes destinadas a mejorar la protección legal de las personas LGTBI, como la Ley 15/2022 para la igualdad de trato y la no discriminación, conocida popularmente como 'Ley Zerolo', o la Ley Trans de 2023. «Creo que, desgraciadamente, el caso de Samuel ayudó a ver que todavía teníamos una laguna importante en cuanto a los instrumentos de los que disponemos para frenar el odio. Desde lo político se hizo claro que había que impulsar una solución y reavivar esas iniciativas que estaban paralizadas en el Congreso», recuerda Julio del Valle de Íscar, actual director general para la Igualdad real y efectiva de las personas LGTBI+ en el Ministerio de Igualdad, quien también recuerda la futura implantación de la herramienta HODIO anunciada por el Gobierno este mes de marzo para analizar la presencia de discursos de odio en redes. Verdugo valora muy positivamente estos avances legislativos: «He trabajado en Naciones Unidas, he dado formaciones por toda Europa y he podido hacer una comparativa del derecho de esos países. Te puedo asegurar que tenemos una de las mejores legislaciones del mundo», opina.

La entrada en vigor de estas normativas ha supuesto diferentes cambios en la administración española. La misma Ley Zerolo, en cumplimiento de las directivas de la Unión Europea, preveía la creación de un organismo de igualdad independiente del Gobierno. Eso se ha visto plasmado en el nacimiento de la Autoridad Independiente para la Igualdad de Trato y la No Discriminación (AINODI), de la que Maite Verdugo es ahora presidenta. «Nuestra misión fundamental es atender las reclamaciones de víctimas de discriminación por cualquier motivo, ya sea en lo público como en lo privado», cuenta. AINODI, que todavía está pendiente de la aprobación de su Estatuto Constitutivo, trabajará también en la emisión de recomendaciones, el ejercicio de acciones judiciales o la realización de actividades de prevención y sensibilización.

Por su parte, la Ley Trans trajo consigo la puesta en marcha durante el verano de 2023 del Servicio Arcoíris 028, un teléfono de atención gratuita que funciona las 24 horas del día durante los 365 días del año y que está destinado a proveer información y atención integral en materia de derechos LGTBI; en especial, sobre los delitos de odio por LGTBIfobia. Cuando lo presentó ante los medios, la entonces Ministra de Igualdad Irene Montero recordó que el asesinato de Samuel, y la posterior movilización social que desencadenó, habían servido como germen para la creación de esta línea de asistencia. En sus escasos tres años de existencia, el 028 ha atendido ya más de 30.000 consultas. «No todas son por LGTBIfobia, aunque también ofrecemos asistencia jurídica en esa vertiente», remarca Julio del Valle, que explica algunas de las otras funciones que ofrece el 028:

El director general afirma que desde el Ministerio de Igualdad están «muy contentos» con el servicio y su potencial de crecimiento. Saúl Castro, que también ofrece asistencia jurídica en el 028, es más cauto en su respuesta: «Creo que es un servicio fundamental, sostenido por profesionales excelentes, pero que tiene cosas incorrectamente formuladas. Como defensor de lo público, me molesta que estos servicios de atención a víctimas, tanto el 016 como el 028, se externalicen a otras empresas que no miran por el bien de los trabajadores ni por la calidad del servicio, sino únicamente por la viabilidad económica del servicio», comenta.

En 2023, más de una docena de asociaciones, lideradas por la Federación Estatal LGTBI+, formaron un Pacto Social contra los discursos de odio hacia los grupos en situación de vulnerabilidad. Tres años después, reclaman al Congreso de los Diputados que esa alianza se blinde mediante un Pacto de Estado. «Es un tema urgente que ya está sobre la mesa. Necesitamos un consenso político en torno a la necesidad de proteger todas las diversidades que existen en nuestra sociedad y que son habitualmente atacadas desde el odio. Hay que establecer una línea roja que no se debe traspasar porque atenta contra la dignidad de las personas», comenta Julio del Valle.

El contenido de este pacto, sin embargo, sigue todavía en el aire. «Toda la información que he visto habla en términos muy genéricos, y cuando he preguntado más no me han respondido», admite Curro Peña, «pero a priori no me convence. Siento que la propuesta se va a utilizar como arma arrojadiza en el Congreso y eso hará que esté destinada a fracasar. Además, no se nos tiene que olvidar que alguno de los partidos que promueven este Pacto no han tomado ninguna medida disciplinaria contra miembros de su partido que siguen difundiendo bulos sobre las personas trans», critica.

Olympe Abogados es un despacho valenciano especializado en la defensa de los derechos del colectivo LGTBI. «Es un paso importante, pero no es una norma que nosotras podamos usar en un juzgado o en la administración», reconoce Isaac Guijarro, director jurídico y cofundador, a lo que añade que «si esas medidas no se implementan, ese Pacto de Estado se queda en nada, muy en la línea de la inacción absoluta del actual Ministerio de Igualdad». Otros expertos se muestran igual de tajantes. «A mí me parece que no sirve para nada y que no va a mejorar la vida de las personas LGTBI», sentencia Saúl Castro. «Creo que, desde la aprobación de la Ley Trans, determinadas asociaciones LGTBI no encontraban nada que hacer a nivel institucional y, en lugar de dedicar recursos a acompañar a las víctimas de LGTBIfobia en sus litigios, han preferido hacer un besamanos político para seguir asegurando su relevancia», continúa.

Cada año, ILGA Europa, una organización que sirve de paraguas para unas 700 ONGs en toda Europa y Asia Central, elabora un ranking conocido como Rainbow Map, en el que valora el estado de la comunidad LGTBI en los diferentes países del viejo continente. En su último informe, publicado este mes de mayo, España se encuentra a la cabeza. Según los expertos de ILGA Europa, la normativa aprobada en los últimos años garantiza la protección de las personas queer en nuestro país. Aun así, advierten: esa legislación tiene que seguir ampliándose y, sobre todo, necesita cauces reales para su implementación.

Algunos expertos comparten esa preocupación de que una normativa más extensa no se esté traduciendo necesariamente en una protección real a las personas LGTBI. «Tendemos a pensar que la ley puede solucionar todos nuestros problemas y no es así. La violencia es un fenómeno muy complejo en el que intervienen muchísimos factores, de los cuales la ley solo es uno más», comenta Curro Peña, que incide en la necesidad de ampliar el foco hacia la desigualdad social a la hora de paliar los delitos contra las personas queer. Para Ton Mansilla, abogado especializado en derechos del colectivo LGTBI y responsable de la oficina de denuncias del Observatori contra l'LGTBI-fòbia, el problema ya no está tanto en el marco legal como en su implantación jurídica. «Jueces, fiscales y abogados tienen que conocer de la existencia de estos delitos de odio y atreverse a condenarlos como tal, algo a lo que a todavía se muestran reticentes», opina.

Saúl Castro coincide: «Cuando mataron a Samuel, el marco jurídico español ya era bastante suficiente. A nivel penal, los delitos de odio y el agravante discriminatorio llevan mucho tiempo tipificados». El problema, dice, es que España tiene una hiperproducción legislativa sin herramientas para ponerla en marcha. «Tenemos un marco jurídico muy garantista para las personas LGTBI que luego encuentra muchos problemas en la práctica. La Ley Trans y la Ley Zerolo contemplan un régimen sancionador que, en los años que llevan aprobadas, no se ha aplicado nunca», señala. A los problemas de la aplicación actual, Castro también critica que la Fiscalía de Delitos de Odio solo esté presente en las capitales de provincia y no en el resto de demarcaciones. Desde Olympe Abogados añaden que las personas LGTBI que denuncian delitos de odio por la vía penal deberían tener un abogado de oficio gratuito independientemente de sus ingresos, «como ya ocurre con las víctimas de violencia machista, de violencia sexual o de terrorismo».

Peña también se muestra crítico con la aplicación de estas leyes, aunque asume una suerte de culpa compartida: «Son tan responsables la clase política como la sociedad civil y los medios. Si el Ministerio del Interior se ha permitido tardar tres años y medio en aplicar la Ley Trans a los documentos de personas extranjeras, a pesar de que ya se preveía desde 2023, es porque no le hemos presionado lo suficiente.»

Pese a una mayor sensibilización en la administración, Verdugo insiste en que sigue existiendo un problema de infradenuncia e infradetección en los delitos de odio. «Quizá la cosa no esté tanto en que la gente no confíe en la justicia como en que teman que el proceso les revictimice y salgan de él con una experiencia más traumática», confiesa. El miedo a sentirse nuevamente violentadas, a que se las saque públicamente del armario o a afrontar el desgaste de un proceso penal hace que muchas víctimas LGTBI no opten por emprender esta vía. Aun así, su búsqueda de justicia se mantiene activa.

«No creo que la mayor urgencia queer en España sea castigar los discursos de odio. El derecho penal debe ser la última respuesta, y con todavía más razón cuando hablamos de restringir el discurso», reflexiona Curro Peña. No es el único que piensa así. Cada vez, más expertos buscan vías complementarias o alternativas a un proceso judicial con las que las víctimas puedan seguir viéndose reparadas por el daño sufrido.

«En primer lugar, hay que tener en cuenta que hay muchos hechos discriminatorios que no son constitutivos de delito pero necesitan acompañamiento», explica Ton Mansilla. «Por ejemplo, que a una persona trans se la trate en la administración según el género que no le corresponda es un acto discriminatorio que, por ahora, no está tipificado como delito». Estos son los casos para los que la Ley Zerolo y la Ley Trans prevén sanciones administrativas, aunque todavía no se hayan impuesto ningunas.

Mansilla continúa: «Incluso cuando usamos la vía penal, hay muchos casos en los que las condenas por delitos de odio no superan los dos años de prisión y, sin antecedentes previos, se suspende el ingreso. En esos casos, nosotros pedimos como pena accesoria o como condición para suspender la pena de prisión que el acusado haga un curso de sensibilización y respeto a los derechos de las personas LGTB. Es una práctica que aplicamos siempre y que nos está dando resultados», afirma.

«Fuera del ámbito penal, el estado tiene un deber y una deuda enorme con las personas LGTB», declara Isaac Guijarro, de Olympe Abogados. «Llevan décadas persiguiéndonos, apalizándonos, encerrándonos, y merecemos una reparación». Ese es el hueco que, sobre el papel, viene a cubrir AINODI. «Es una pretensión que teníamos los fiscales de delitos de odio desde hace mucho tiempo, precisamente porque muchas de esas conductas no están tipificadas en el Código Penal pero son claramente reprochables y no pueden quedar sin respuesta», afirma Maite Verdugo. La fiscal también afirma que desde esa Autoridad Independiente se está trabajando en diseñar mecanismos de justicia restaurativa «que puedan ser mucho más ágiles que un proceso judicial y mucho más orientados a lo que necesita la víctima para sentirse mejor y resarcirse de todo el perjuicio sufrido».