En estas últimas semanas se han conocido importantes informaciones relacionadas con el colectivo LGTBI: mientras un informe de la Federación Estatal LGTBI+ indica que el 54% de las personas LGTBI ha vivido un episodio de odio en el último año, ya sea presencial u online, y el 22%, una agresión física, ILGA-Europe sitúa a España, por primera vez, como el país de Europa con más derechos LGTBI. Dos informaciones que pueden parecer contradictorias, pero que el propio informe anual ‘Rainbow Map’ explica de la siguiente manera: los avances legislativos no eliminan automáticamente la LGTBIfobia. Esta organización internacional, además, señala que el aumento de los discursos de odio y la polarización política en varios países europeos sigue afectando al colectivo, incluso en territorios donde existen amplias garantías legales.
El propio informe cita el estudio de la Federación Estatal LGTBI+ y deja claro que ‘Rainbow Map’ mide leyes y políticas, no la realidad vivida por los europeos del colectivo. ILGA-Europe, asimismo, achaca el aumento de las agresiones LGTBIfóbicas al «clima de discursos de odio que envalentona la violencia contra grupos vulnerables». «La clasificación de España en el número uno es un ejemplo contundente de lo que puede lograrse cuando un gobierno toma la decisión deliberada de avanzar hacia la igualdad en lugar de retroceder. Por supuesto, aún queda mucho por hacer en España, pero esto nos recuerda que el coraje político es una elección, y que los gobiernos que la toman pueden hacer frente eficazmente a esta reacción», afirma la directora adjunta de ILGA-Europe, Katrin Hugendubel.
De vuelta al informe del ‘Estado del Odio 2026’, realizado por la Federación Estatal LGTBI+, los datos aportan que las víctimas de los actos de odio (acoso, discriminación y agresiones) los han experimentado en más de tres veces en los últimos cinco años. Un patrón que sugiere, según la responsable de investigación, formación y calidad de la Federación Estatal LGTBI+, María Rodríguez, que para una parte significativa de las víctimas estos episodios no constituyen hechos aislados, sino experiencias repetidas a lo largo del tiempo, y que, además, son igual de frecuentes todas las formas de violencia.
La percepción del odio entre la población LGTBI se ha incrementado en al menos 8 puntos porcentuales desde 2024 y llega hasta los 13 puntos en el caso de la percepción del acoso público y los discursos de odio. Esta investigación, elaborada a partir de una muestra representativa de 800 entrevistas, señala que, entre 2024 y 2026, la prevalencia del acoso ha pasado del 20% al 36%; la de la discriminación ha aumentado del 23% al 29% y la de las agresiones se ha incrementado del 7% al 22%.
«El ‘Rainbow Map’ de este año cuenta dos historias al mismo tiempo. Una de auténtico coraje, en España, en los tribunales y en líderes que eligen apoyar a sus comunidades en lugar de convertirlas en chivos expiatorios. Y otra de un peligro real y creciente que no puede subestimarse. La pregunta que ahora debe responder cada gobierno de Europa es de cuál de estas historias quiere formar parte», concluye Katrin Hugendubel, quien también pone el foco en el retroceso de los derechos de las personas trans en muchos países de Europa.
En este sentido, la responsable de investigación, formación y calidad de la Federación Estatal LGTBI+ explica que las conclusiones de la investigación revelan que «el odio no se distribuye por igual entre todas las personas LGTBI y afecta de manera más intensa a las personas trans, las personas más jóvenes, con menores niveles de ingresos, menor nivel educativo reglado o que presentan otras interseccionalidades, como ser personas migrantes o tener alguna discapacidad».
España desbanca a Malta
Malta lleva una década como país europeo referente en derechos LGTBI. Una posición que en 2026 se ha otorgado a España gracias, según explica el informe de ‘Rainbow Map’, al cumplimiento de los compromisos establecidos en las leyes LGBTI y trans de 2023 mediante la adopción de planes de acción en igualdad para los derechos LGBTI y trans, el establecimiento de una autoridad independiente para la igualdad de trato y la plena implementación de la despatologización de las personas trans en el sistema sanitario.
La bajada de Malta a la segunda posición no se debe a un retroceso en sus derechos LGTBI, sino a un aumento en las garantías españolas para el colectivo y un estancamiento de sus políticas ante la falta de reformas continuadas. Este país sigue careciendo de un marco integral contra la discriminación, una situación que podría resolverse con la Ley de Igualdad presentada en 2019 y paralizada desde entonces.
