Los derechos también pueden retroceder

Hubo un tiempo en el que casarse con la persona a la que amas era un privilegio reservado para unos pocos. Un tiempo en el que ser una mujer independiente era motivo suficiente para quedar relegada al ámbito doméstico. Hubo un tiempo en el que la orientación sexual o la identidad de género podían convertirte en un delincuente a ojos del Estado.

Hoy, muchas personas leen estas frases con la tranquilidad de quien cree que pertenecen a un pasado superado. Es comprensible. Vivimos rodeados de avances que parecen irreversibles. Sin embargo, la historia enseña exactamente lo contrario.

Quizá el mayor error de las sociedades democráticas sea pensar que el progreso sigue una línea recta. Que una vez conquistada una libertad, esta queda blindada para siempre. Que determinadas ideas quedaron enterradas junto al siglo XX. La realidad es bastante más incómoda.

Los derechos no suelen desaparecer de golpe. Antes dejan de parecer importantes. Después dejan de movilizarse. Finalmente, cuando alguien los cuestiona, ya casi nadie sale a defenderlos porque la amenaza parece lejana o exagerada.

La ciencia política y la psicología social llevan décadas estudiando este fenómeno. No existe una teoría única que lo explique, pero sí un conjunto de investigaciones que muestran cómo cambian las normas sociales, cómo determinadas ideas dejan de percibirse como extremas y cómo muchas personas optan por guardar silencio cuando creen que su opinión es minoritaria.

La llamada Espiral del Silencio, formulada por Elisabeth Noelle-Neumann, explica precisamente cómo el miedo al aislamiento hace que muchas personas dejen de expresar públicamente sus opiniones cuando perciben que el clima social ha cambiado. El resultado es paradójico. Cuanto menos se escucha una posición, más minoritaria parece. Y cuanto más minoritaria parece, menos personas se atreven a defenderla.

No significa necesariamente que la sociedad haya cambiado de opinión. Significa que la percepción del consenso cambia mucho antes que el consenso real.

A ello se suma otro fenómeno ampliamente documentado por la psicología social. Las personas tendemos a normalizar aquello a lo que nos exponemos de forma repetida. Un discurso que hace diez años habría provocado una reacción inmediata puede terminar formando parte de una tertulia, de una campaña electoral o de una conversación cotidiana sin generar apenas sorpresa.

No porque sea mejor. Simplemente porque ha dejado de parecernos excepcional.

Ese proceso de normalización es especialmente preocupante cuando afecta a discursos que presentan como amenaza a determinados colectivos. La historia demuestra que casi siempre comienza igual. Primero se identifica un supuesto problema. Después se señala a un grupo concreto como responsable. Finalmente se presentan soluciones que implican limitar derechos, aumentar el control o reducir libertades en nombre de la seguridad, la tradición o el sentido común.

No todos esos problemas son imaginarios. Las sociedades tienen conflictos reales y complejos. Pero también está ampliamente documentado que los actores políticos pueden exagerarlos, simplificarlos o atribuirlos de forma desproporcionada a determinados colectivos para movilizar apoyos. Esa estrategia ha sido estudiada en la literatura sobre populismo, comunicación política y construcción del enemigo político.

Durante décadas se nos presentó como una amenaza para la familia. Más tarde para la infancia. Después para la educación. Hoy vuelven a aparecer discursos que cuestionan derechos que parecían consolidados, como el reconocimiento de las personas trans, la educación afectivo-sexual o las políticas contra la discriminación.

Lo preocupante no es únicamente que existan esas posiciones. En democracia todas las ideas pueden defenderse dentro del marco constitucional. Lo preocupante es la indiferencia con la que muchas veces se reciben.

Existe una tendencia muy humana a pensar que aquello que afecta a una minoría nunca terminará afectando al conjunto de la sociedad. Sin embargo, los derechos fundamentales no funcionan como compartimentos estancos.

Cuando se debilita el derecho de una minoría a existir en igualdad, también se debilita el principio que protege al resto.

Cuando se normaliza que un colectivo merece menos protección jurídica, se abre la puerta a discutir quién será el siguiente.

Cuando se acepta que determinados ciudadanos tienen menos derechos porque son diferentes, la igualdad deja de ser un principio y pasa a convertirse en una concesión.

La historia europea del siglo XX ofrece demasiados ejemplos de cómo los retrocesos democráticos comenzaron mucho antes de que la mayoría percibiera el peligro. Los primeros ataques rara vez se dirigieron contra toda la población. Comenzaron señalando a quienes era más fácil aislar, culpabilizar o deshumanizar.

Por eso resulta un error pensar que defender los derechos LGTBI es una cuestión que solo concierne a las personas LGTBI. Del mismo modo que defender los derechos de las mujeres no es únicamente una cuestión feminista. O que combatir el racismo solo compete a quienes lo sufren.

Cada derecho conquistado amplía el espacio de libertad de toda la sociedad. Cada derecho perdido reduce ese espacio para todos.

Quizá la pregunta no sea si determinadas ideas pueden volver. La pregunta es cuánto tiempo tardamos en reconocerlas cuando regresan con otro lenguaje, otros símbolos y nuevos argumentos. Porque la democracia no suele romperse de repente. Se desgasta poco a poco.

Los derechos tampoco desaparecen en una sola votación. Primero dejan de parecer importantes. Después dejan de parecer urgentes. Y, cuando queremos reaccionar, descubrimos que aquello que nunca pensamos que pudiera afectarnos llevaba mucho tiempo haciéndolo.