Cómo denunciar una agresión LGTBIfóbica en cinco pasos

En las últimas semanas, diferentes casos de LGTBIfobia han acaparado la actualidad mediática en nuestro país, desde la agresión a cinco chicas adolescentes en Benialí al asesinato de un joven gay en Alicante con presunta motivación homófoba, un caso que ya estudia la Fiscalía de Delitos de Odio.

Desde SIX nos hemos puesto en contacto con profesionales del 028, el teléfono de atención gratuita en materia de derechos LGTBI, con el objetivo de aclarar cómo se debe actuar en caso de sufrir una agresión LGTBIfóbica y querer denunciarla. Saúl Castro, abogado especializado en derecho antidiscriminatorio y presidente de la asociación No Es Terapia en contra de las terapias de conversión, nos explica qué pasos seguir para recabar las pruebas suficientes «que permitan enjuiciar correctamente los hechos».

«Lo primero que recomiendo siempre es contactar con algún teléfono especializado de asesoramiento como el 028, una organización LGTBI o algún gabinete de abogados especializado en este tipo de delitos. Esto va a marcar la diferencia en muchos casos», comenta.

Tal y como explica Castro, estas organizaciones especializadas pueden ayudar a identificar una serie de pruebas que pueden ser significativas pero que muchas veces se pasan por alto. «La propia impresión de la víctima, que ha percibido los hechos como discriminatorios, o la ausencia de relación entre agresor y víctima, puesto que la mayoría de delitos discriminatorios son gratuitos, son indicadores que ya tienen peso judicial a nivel probatorio. Lo mismo ocurre con la concurrencia de insultos, expresiones o gestos socialmente asociados a la discriminación, como pueden ser hacer un saludo nazi o llamar a alguien 'maricón'», aclara el abogado.

El lugar y la fecha en que se comete el delito también son importantes: «Que la agresión se produzca en fechas señaladas, como puede ser durante la celebración de un Orgullo, o en espacios asociados a la comunidad LGTBI, ya sea un barrio como Chueca o una zona de cruising, nos ayudan a entender que en este caso puede haber una motivación discriminatoria», cuenta.

Cuando se produce una agresión, hay una serie de pruebas perecederas que se pueden perder sin una actuación rápida. El testimonio de los testigos es una de ellas. «En los instantes inmediatamente posteriores a la agresión, hay que intentar recabar los datos de

identidad de cualquier testigo que haya presenciado los hechos, ya sea un amigo o alguna persona desconocida que hubiera cerca. Basta con pedirles el nombre y el número de teléfono, avisando de que tenemos intención de denunciar esos hechos y necesitamos que alguien dé fe de lo ocurrido», recomienda Castro.

«Lo ideal sería acudir a un servicio de urgencias pero, si no es posible en el momento, también podemos pedir una cita ordinaria con el médico de cabecera», recomienda el abogado. «Siempre nos centramos en los daños físicos, pero pocas víctimas de delitos de odio son conscientes del impacto emocional y psicológico que causa la violencia discriminatoria que han sufrido», recuerda, citando cómo el estrés de la minoría hace que muchas personas LGTBI desarrollen una mayor resiliencia frente al malestar como mecanismo de supervivencia y tiendan a minimizar los efectos de estas agresiones.

«A nivel jurídico, ese parte médico es fundamental, puesto que ayuda a acreditar algo tan complicado de medir como son el impacto, la humillación y el malestar que pueden generar una agresión verbal o una campaña de acoso por redes, por ejemplo», determina. Un profesional sanitario da fe de los síntomas que presenta la víctima, «ya se trate de un simple malestar emocional o una posible crisis de ansiedad», y ayuda a corroborar la agresión mediante un parte médico. Además, puede actuar para paliar ese malestar, generalmente a través de la derivación a especialistas en salud mental o la prescripción de un tratamiento.

En una sociedad cada vez más digitalizada, los delitos LGTBIfóbicos ya no se producen únicamente en el cara a cara, sino también a través de las redes sociales. En esos casos, recomienda Castro, es importante conservar todos los mensajes que puedan ser constitutivos de delitos. «Ya sea a través de capturas y grabaciones de pantalla, exportando las conversaciones o con un proceso de extracción de datos, tenemos que asegurarnos de que esos mensajes no desaparecen para poder adjuntarlos después a nuestro escrito de denuncia».

Cuando una agresión LGTBIfóbica se produce en las calles, es probable que algún circuito externo de videovigilancia que se encuentre cerca del lugar haya registrado los hechos. Por ello, hay que identificar qué cámaras pueden haber grabado los hechos para dirigirnos a sus titulares. Explica Castro: «Según el tipo de vigilancia, los titulares de las cámaras están obligados a guardar las imágenes de entre 15 a 30 días. Después de ese tiempo, las borran. El problema es que, cuando una víctima interpone una denuncia, ésta tarda entre dos y tres meses en designarse al juez competente. En ese tiempo, la información ya no existe».

Para evitarlo, el abogado recomienda preparar un escrito con medidas cautelares urgentes dirigido al juzgado o a la policía. «Si los titulares de un circuito de videovigilancia reciben una orden de conservación de imágenes emitida por una autoridad judicial o policial en el marco de una investigación, tienen la obligación de conservar las imágenes y no borrarlas», señala, posibilitando su utilización como prueba en un posterior juicio.

Para más información, el teléfono 028 presta atención gratuita en materia de derechos LGTBI las 24 horas del día, durante los 365 días del año.