Turquía lanza una ofensiva contra el colectivo LGTBI: detenciones, registros y cuentas bloqueadas

La ofensiva de las autoridades turcas contra el movimiento LGTBI ha elevado la preocupación de las organizaciones defensoras de los derechos humanos, después de que la Policía y la Gendarmería desplegaran este fin de semana una operación coordinada en distintas provincias del país que se ha saldado con decenas de detenciones, registros de asociaciones y domicilios y actuaciones contra establecimientos vinculados a la comunidad.

El ministro de Justicia turco, Akin Gürlek, informó de que la operación, denominada 'Mi familia está segura', afecta a procedimientos judiciales abiertos contra 162 personas, nueve organizaciones y 13 negocios en 15 provincias. El Gobierno turco sostiene que las investigaciones están relacionadas con presuntos delitos como prostitución, difusión de contenido considerado obsceno y actividades que, según las autoridades, podrían exponer a menores a ese tipo de material.

La operación ha tenido uno de sus principales focos en Estambul y Ankara. En la capital, la organización Kaos GL, una de las principales entidades LGTBI de Turquía, denunció el registro de sus oficinas y la detención de miembros de su dirección y de su equipo de auditoría. La organización también aseguró que más de una decena de activistas fueron detenidos en sus domicilios.

La actuación policial también alcanzó bares y otros establecimientos de Estambul. Paralelamente, se bloquearon cuentas en redes sociales y páginas relacionadas con activistas y organizaciones LGTBI, según las entidades afectadas.

La versión oficial vincula el dispositivo con la protección de los menores, la familia y el orden social. Gürlek afirmó además que durante las actuaciones se incautaron sustancias estupefacientes y material digital y que las investigaciones incluyen movimientos económicos relacionados con algunas asociaciones.

Las organizaciones de derechos humanos, sin embargo, consideran que la operación supone un salto cualitativo en la presión contra el movimiento LGTBI. La Red de Solidaridad de Defensores de los Derechos Humanos, en la que participan entidades como Kaos GL y Amnistía Internacional, ha denunciado una operación de gran escala y ha rechazado que actividades legales de defensa de los derechos LGTBI sean vinculadas con delitos como el proxenetismo, la obscenidad o el tráfico de drogas.

La red considera además que la exposición pública de información financiera de asociaciones legales puede contribuir a generar sospechas sobre organizaciones que desarrollan actividades legítimas y afectar al derecho de asociación.

La homosexualidad no está penalizada en Turquía. Sin embargo, el Gobierno del presidente Recep Tayyip Erdogan ha endurecido en los últimos años su discurso contra las personas LGTBI y ha situado la defensa de la familia tradicional en el centro de buena parte de sus políticas sociales. Las autoridades prohibieron la marcha del Orgullo de Estambul a partir de 2015 y desde entonces las restricciones a las movilizaciones y organizaciones del colectivo se han intensificado.

La repercusión de la operación ha llegado también a España. La Federación Plataforma Trans ha reclamado al Gobierno de Pedro Sánchez una respuesta «firme» e «inmediata» ante lo que considera una grave escalada represiva contra personas y organizaciones LGTBI en Turquía.

La entidad ha remitido cartas al presidente del Gobierno y al ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, para reclamar una actuación urgente tanto de España como de la Unión Europea. Entre sus peticiones figura que el Ejecutivo español condene las redadas, haga seguimiento de la situación de las personas detenidas y promueva una respuesta coordinada en las instituciones europeas y en el Consejo de Europa.

La Plataforma Trans también reclama que España utilice sus relaciones bilaterales con Ankara para exigir garantías sobre derechos fundamentales como la libertad de expresión, reunión y asociación, además de la protección de activistas y organizaciones LGTBI.

Su presidenta, Mar Cambrollé, ha advertido de que la situación debe interpretarse como una señal de alarma para Europa y ha alertado del riesgo de normalizar políticas de persecución contra minorías.

La operación de este fin de semana se suma a otras medidas adoptadas recientemente contra organizaciones y espacios vinculados al colectivo LGTBI en Turquía. En junio, las autoridades ya habían bloqueado cuentas de asociaciones y activistas y habían clausurado un conocido local LGTBI de Estambul. También se habían producido restricciones relacionadas con un crucero dirigido al público gay.

El nuevo dispositivo amplía ahora el alcance de las actuaciones: no se limita a manifestaciones o actos públicos, sino que afecta a asociaciones, viviendas particulares, negocios y espacios digitales.

Para las organizaciones LGTBI y de derechos humanos, el alcance de la investigación —con actuaciones judiciales sobre 162 personas, nueve asociaciones y 13 establecimientos— refleja una presión creciente sobre el tejido asociativo. El Gobierno turco, por su parte, defiende la operación como parte de su estrategia de protección de la familia y de lucha contra actividades que considera delictivas.