Las entidades impulsoras del Pacto de Estado frente a los Discursos de Odio contra grupos en situación de vulnerabilidad denuncian que 2025 finalizará sin la tramitación de esta «herramienta de protección». Consideran urgente su aprobación en un contexto marcado por el aumento de expresiones de odio dirigidas a colectivos vulnerables.
Las organizaciones, que realizan este llamamiento con motivo del Día Internacional de los Derechos Humanos, recuerdan que los discursos de odio se encuentran en el origen de situaciones de violencia y discriminación que vulneran derechos fundamentales de personas que ya sufren desigualdades estructurales.
Tras casi dos años de trabajo conjunto con las administraciones, el informe de conclusiones, previsto una vez finalizadas las comparecencias, no se ha presentado ante la subcomisión para la lucha contra los discursos de odio. Las entidades subrayan que la remisión de este documento resulta imprescindible para iniciar la negociación parlamentaria de la que debe surgir el Pacto de Estado. También señalan la necesidad de que el texto final recoja las demandas trasladadas por los colectivos implicados.
En septiembre, las organizaciones que integran la alianza mantuvieron reuniones con los distintos grupos parlamentarios. En estos encuentros expusieron las líneas que consideran esenciales para proteger a los grupos en situación de vulnerabilidad frente al odio y constataron disposición política al diálogo. No obstante, el Pleno del Congreso ha aprobado una prórroga de seis meses para los trabajos de la subcomisión encargada de esta materia, una decisión que, a juicio de las entidades, puede retrasar aún más la aprobación del Pacto.
Las organizaciones de derechos humanos advierten del impacto de esta demora en un contexto en el que el aumento de los discursos de odio y de sus consecuencias sobre los colectivos vulnerables «resulta evidente». Estas entidades alertan del deterioro de la cohesión social y de la calidad democrática, y reclaman la agilización de los trámites parlamentarios para evitar nuevas dilaciones.
En 2023, más de una decena de organizaciones sociales y los principales sindicatos suscribieron un Pacto Social para impulsar esta iniciativa, que trasladaron a los partidos políticos. Dos años después, consideran que la aprobación del Pacto de Estado contra los Discursos de Odio hacia los grupos vulnerables no admite más retrasos.
Contenidos imprescindibles del Pacto
Las entidades señalan que solo respaldarán un Pacto de Estado que incluya compromisos políticos firmes. Entre ellos, destacan la implicación de todos los agentes clave en el rechazo a los discursos de odio, la protección efectiva de los derechos humanos y la existencia de un presupuesto específico.
El Pacto debe contemplar medidas concretas de prevención, sanción y reparación, así como herramientas de evaluación y seguimiento que permitan medir su cumplimiento por parte de las instituciones y actores responsables.
Las organizaciones anuncian que mantendrán la interlocución con los grupos parlamentarios para que esta iniciativa, que cuenta con un amplio respaldo social y político, se traduzca en una herramienta vinculante y efectiva frente a los discursos de odio.
Las entidades impulsoras del Pacto de Estado frente a los discursos de odio contra los grupos en situación de vulnerabilidad son la Federación Estatal LGTBI+, Fundación Triángulo, Asociación Chrysallis, CERMI, Fundación ONCE, CESIDA, Consejo de la Juventud de España, Red Acoge, CEAR, HOGAR SÍ, Fundación Secretariado Gitano, Oxfam Intermón, CCOO y UGT.
