Las organizaciones que integran el Pacto Social contra los discursos de odio reclaman que la lucha contra el odio se articule mediante un Pacto de Estado que garantice medidas estables y duraderas, al margen de los cambios políticos. La petición coincide con el inicio de las negociaciones parlamentarias para abordar esta iniciativa. Según las entidades, solo un acuerdo de estas características permitiría consolidar una protección efectiva frente a los discursos de odio y evitar retrocesos en función de los ciclos electorales.
El Pacto Social, constituido en 2023 y liderado por la Federación Estatal LGTBI+, agrupa a más de una decena de organizaciones de derechos humanos junto a sindicatos como CCOO y UGT. Todas ellas coinciden en que la figura del Pacto de Estado no es «una cuestión terminológica», sino la única vía para impulsar reformas estructurales con respaldo jurídico sólido.
Entre las medidas que permitiría este instrumento destacan la creación de protocolos específicos, la mejora de la protección a las víctimas, una tipificación más clara de los delitos de odio en el Código Penal y la asignación de recursos suficientes para su aplicación.
Críticas al documento preliminar
Las organizaciones han tenido acceso al informe de conclusiones que servirá de base para la tramitación parlamentaria y advierten de importantes carencias. Entre ellas, señalan la ausencia de una dotación presupuestaria concreta y la falta de mecanismos de seguimiento y evaluación.
También critican que el texto no contemple adecuadamente a algunos colectivos, como las personas con discapacidad o las personas migrantes, ni garantice la accesibilidad de las medidas propuestas.
En este contexto, las entidades han sido tajantes: no participarán en la elaboración de propuestas si el objetivo final no es la aprobación de un Pacto de Estado. Consideran que cualquier alternativa sería insuficiente y supondría «una oportunidad perdida» para garantizar la seguridad de millones de personas en situación de vulnerabilidad.
Una demanda sostenida en el tiempo
La alianza lleva más de dos años impulsando esta iniciativa como respuesta al aumento de los discursos de odio. Para las organizaciones, el consenso social ya existe —materializado en la propia creación del pacto—, pero ahora reclaman un compromiso firme por parte de las fuerzas políticas.
Entre las entidades impulsoras figuran, además de las ya mencionadas, Fundación Triángulo, Asociación Chrysallis, CERMI, Fundación ONCE, CESIDA, Consejo de la Juventud de España, Red Acoge, CEAR, HOGAR SÍ, Fundación Secretariado Gitano y Oxfam Intermón.
