El 54% de las personas LGTBI ha vivido un episodio de odio en el último año, ya sea presencial u online, y el 22%, una agresión física. Estas son algunas de las principales conclusiones del informe ‘Estado del Odio 2026’, realizado por la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans, Bisexuales, Intersexuales y más (FELGTBI+), con la colaboración de miembros del Equipo del Instituto de Políticas y Bienes Públicos (IPP, CSIC). Los datos concluyen, además, que las víctimas de estos actos los han experimentado en más de tres veces en los últimos cinco años. «Este patrón sugiere que, para una parte significativa de las víctimas, estos episodios no constituyen hechos aislados, sino experiencias repetidas a lo largo del tiempo, siendo además igual de frecuentes todas las formas de violencia (acoso, discriminación y agresiones)», afirma la responsable de investigación, formación y calidad de la Federación Estatal LGTBI+, María Rodríguez.
El informe, presentado este jueves, desprende que la percepción del odio entre la población LGTBI se ha incrementado en al menos 8 puntos porcentuales desde 2024 y llega hasta los 13 puntos en el caso de la percepción del acoso público y los discursos de odio. Esta investigación, elaborada a partir de una muestra representativa de 800 entrevistas, señala que, entre 2024 y 2026, la prevalencia del acoso ha pasado del 20% al 36%; la de la discriminación ha aumentado del 23% al 29% y la de las agresiones se ha incrementado del 7% al 22%.
La responsable de investigación, formación y calidad de la Federación Estatal LGTBI+ explica que las conclusiones de la investigación revelan que «el odio no se distribuye por igual entre todas las personas LGTBI y afecta de manera más intensa a las personas trans, las personas más jóvenes, con menores niveles de ingresos, menor nivel educativo reglado o que presentan otras interseccionalidades, como ser personas migrantes o tener alguna discapacidad».
Sobre los escenarios de la violencia, el informe revela que el principal continúa siendo la calle, mientras que los centros de trabajo han pasado a ocupar el segundo lugar, con un aumento de las agresiones en un 5%. Además, el odio no se distribuye de manera muy diferente dependiendo del tamaño del municipio.
Odio en redes sociales
Una de las principales novedades de la nueva edición de este informe es la incorporación de un análisis sobre el odio y violencia hacia las personas LGTBI en redes sociales. Los resultados de la encuesta de 2026 señalan que los insultos constituyen la forma más frecuente de violencia digital (18%), seguidos de las situaciones de aislamiento o rechazo (13%) y las experiencias de discriminación laboral vinculadas a interacciones en estas plataformas digitales (11%).
Además, alrededor del 7% de las personas del colectivo declara haber sufrido coacciones, amenazas o ‘sextorsión’ a través de redes sociales. En menor medida, el 5% afirma haber sufrido la denegación de un alquiler debido a su orientación sexual o identidad de género tras interacciones en redes, mientras que el 4% señala que se le ha denegado un servicio a través de estos canales digitales. Todas estas agresiones o discriminaciones apunta a que hasta un 44% de la población LGTBI encuestada declara haber sufrido alguna de estas situaciones.
La encuesta también permite analizar a través de qué tipo de plataformas se producen estas situaciones de odio, con una clara diferencia entre las redes sociales públicas y las privadas. La mayor parte de las situaciones de violencia se produce en las públicas. En particular, las plataformas digitales donde se concentran principalmente este odio son en Instagram y X/Twitter, donde la interacción con personas desconocidas es más frecuente y los mecanismos de moderación o control social pueden ser más limitados.
Las víctimas de la violencia en redes sociales son los grupos más jóvenes —especialmente las personas menores de 35 años—, que acumulan aproximadamente la mitad de los casos en prácticamente todas las tipologías analizadas, excepto en ‘sextorsión’. Además, los insultos constituyen la forma más frecuente para la mayoría de los colectivos analizados. Su peso es especialmente elevado entre las lesbianas (32%), gais (28%) y en la categoría de otras identidades (28%), y para todos los colectivos oscila entre alrededor del 20% y el 30%.
Denuncias
Los datos reflejan que los denunciantes de estos hechos de odio vivieron un mayor número de experiencias negativas durante los procesos de denuncia (74%), frente a las positivas (57%). «Requerimos de una protección integral a las víctimas a través de recursos policiales y judiciales porque las cifras muestran que, ahora mismo, esta es insuficiente y, lejos de protegernos, seguimos estando expuestas a la violencia», reivindica la presidenta de la Federación Estatal LGTBI+, Paula Iglesias.
A pesar de ello, las denuncias han aumentado hasta alcanzar en 2026 el 35%, un aumento de casi el doble respecto a 2024. «El colectivo busca ayuda, pero no la encuentra en los organismos públicos, sino en las entidades sociales», denuncia la presidenta de la Federación. Una declaración que se sustenta en los datos: solo el 15% de las víctimas de odio acudió exclusivamente a la policía o a otras autoridades, frente al 41% de las personas que vivieron un hecho de odio y acudieron a una organización LGTBI en busca de asesoramiento. Las mujeres, en especial las lesbianas, son quienes menos denuncian.
Pacto de Estado contra los discursos de odio
Ante estos datos, Iglesias ha incidido en la necesidad de la aprobación de un Pacto de Estado contra los discursos de odio hacia los grupos en situación de vulnerabilidad. «Si el odio avanza, la protección debe hacerlo a pasos más agigantados, porque solo así podremos frenar la violencia que viven cada día miles de personas», declara. La presidenta señala que «nuestras vidas están en juego y solo un Pacto de Estado podrá garantizar una protección estable y duradera contra los discursos de odio que son la antesala de la violencia».
«Necesitamos una herramienta que genere reformas estructurales y medidas de protección que trasciendan a los cambios de gobierno; un marco normativo que fije tipos penales bien definidos, organismos competentes y recursos suficientes. Una base jurídica que permita tipificar mejor el odio y sus penas a través del Código Penal y un compromiso económico que permita el desarrollo de todas las medidas necesarias. Solo un Pacto de Estado ofrecerá estas garantías, cualquier alternativa es una oportunidad perdida», reivindica Iglesias.
En este sentido, Iglesias ha presentado una nueva campaña destinada a reivindicar el Pacto de Estado contra los discursos hacia los grupos en situación de vulnerabilidad. «Durante años, España se presentó al mundo con un eslogan que hizo historia: ‘Spain is different’. Y realmente lo sigue siendo, porque nuestro país ha sido pionero en la aprobación del matrimonio igualitario y las leyes contra la discriminación laboral, el reconocimiento legal de las personas trans y la celebración del Orgullo más grande de Europa», afirma.
«De ese país presumimos, pero este orgullo de país se está viendo amenazado por un clima de crispación que va a más y que está directamente alimentado por los discursos de odio que crecen y, con ellos, la violencia», alerta. Por eso, la idea es transformar ese histórico eslogan para reapropiarse del orgullo por el país. «También nos pertenece, y convertirlo en un compromiso colectivo y urgente: ‘Spain needs to be different’. Y para hacerla realmente ‘different’, el primer paso es la aprobación de un Pacto de Estado contra los discursos de odio hacia los grupos en situación de vulnerabilidad. Con nuestra campaña buscamos conseguir que quienes tienen voz y voto, unan sus fuerzas para frenar esta oleada de odio y transformen el consenso social que ya existe en una herramienta institucional real y efectiva: un Pacto de Estado», concluye.
