Nuevo retroceso en los derechos de las personas trans de Estados Unidos, en esta ocasión en Idaho. La aprobación del Proyecto de Ley 752, registrado el 31 de marzo de 2026, da un paso más: ilegaliza, con pena de cárcel, ir al baño para las personas trans.
El texto de la ‘House Bill No. 752’, referente a la «indecencia y obscenidad», prohíbe que las personas entren a aseos o cambiadores del «sexo opuesto». No es la primera restricción de este tipo, pero las consecuencias sí suponen un precedente muy peligroso para el colectivo trans en EE.UU. y en el mundo.
La norma dice lo siguiente: «Cualquier persona que intencionada y deliberadamente entre en un aseo o cambiador en un edificio propiedad del gobierno o un espacio público, como se define en la sección 67-5902, del Código de Idaho, que está diseñado para ser usado por el sexo biológico opuesto al de esa persona será culpable de un delito menor y puede ser encarcelada en la prisión del distrito durante un periodo que no superará un año. Cualquier persona que se declare culpable o se halle culpable de una violación de esta sección, de un decreto similar en otro estado, o cualquier ordenanza local similar por una segunda vez en un periodo de cinco años desde la primera condena, será culpable de un delito grave y puede ser encarcelada en una prisión durante un periodo que no superará los cinco años».
Añade algunas excepciones, como las labores de mantenimiento, asistencia sanitaria, para cumplir con la ley, si la persona tiene una necesidad urgente y no hay otro servicio disponible o si es el único disponible, entre otros. Ninguna de esas excepciones reconoce la posibilidad de que una persona trans utilice el baño. La norma, además, abre la posibilidad de que se considere reincidencia haber utilizado el baño correspondiente a su género en otros estados o municipios.
Esta medida, que entrará en vigor el 1 de julio de 2026, pone en peligro la integridad física y la salud de las personas trans en Idaho y todo Estados Unidos. Obligarlas a utilizar los aseos públicos que corresponden a su «sexo biológico» puede traducirse en agresiones físicas o verbales, al mismo tiempo que no acatar la ley puede acabar en penas de hasta 5 años de prisión.
Además, coloca a las personas trans en el punto de mira cada vez que utilicen un baño público. Independientemente de si cumplen o no con la norma, terceras personas podrán cuestionar si están usando la instalación correcta, señalarlas y llamar a las autoridades competentes.
Por otro lado, es importante señalar cuál es la situación actual para las personas trans en cárceles de Estados Unidos. En el país se intenta constantemente prohibir los tratamientos relacionados con la transición en las cárceles y obligar a las personas trans a estar alojadas en los módulos correspondientes a su «sexo biológico». Condenando al colectivo no solo a penas de prisión, sino a unas prisiones que atentan contra sus derechos fundamentales.
Prohibir el acceso a un servicio público atentando contra su salud física y mental, al traducirse en que las personas trans evitarán utilizar cualquier tipo de aseo público, con las consecuencias que esto supone.
