La Federación Estatal LGTBI+ celebra la aprobación de la ley que tipifica como delito las prácticas de conversión

La Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans, Bisexuales, Intersexuales y más (FELGTBI+) celebra la aprobación de la Ley Orgánica que modifica el Código Penal y tipifica las pseudoterapias de conversión dirigidas a eliminar o modificar la orientación sexual, identidad sexual o expresión de género como delito. El Congreso de los Diputados ha dado luz verde este jueves a esta medida para castigar estas prácticas con penas de prisión de 6 meses a 2 años, antecedentes penales y la inhabilitación profesional.

Según la presidenta de la Federación Estatal LGTBI+, Paula Iglesias, «esta ley supone un paso más en la protección de la dignidad y la integridad de las personas LGTBI+». «Hoy sembramos una semilla de reparación para todas esas personas que han sido víctimas de la tortura que suponen las mal llamadas terapias de conversión. Esperamos recoger sus frutos en forma de erradicación definitiva de unas prácticas que atentan contra la libertad de un colectivo históricamente agredido y perseguido únicamente por ser y existir fuera de la normatividad», denuncia.

Así, declara que «una sociedad que presume de abanderar la igualdad y la diversidad no puede mirar hacia otro lado mientras sigan existiendo intentos de silenciarnos, de devolvernos a los márgenes, de corregirnos o de modificarnos. Una verdadera democracia defiende la pluralidad y la diversidad como valores que la enriquecen y persigue y sanciona como debe a quienes atacan los derechos humanos».

Las pseudoterapias de conversión son prácticas que intentan cambiar, reprimir o eliminar la orientación sexual, identidad o expresión de género de una persona. La ONU las considera una forma de tortura; el Alto Comisionado para los Derechos Humanos ha pedido en reiteradas ocasiones su prohibición global y la Asociación Mundial de Psiquiatría alerta de daños graves como depresión o riesgo suicida.

La Federación Estatal LGTBI+, junto a otra decena de organizaciones internacionales, recabó más de 1 millón de firmas para presentar una Iniciativa Ciudadana Europea. El objetivo era instar a la Comisión Europea a prohibir estas prácticas en todos los Estados miembros. La propuesta logró apoyo en 11 países, sin embargo, la Comisión Europea rechazó impulsar una ley vinculante y anunció solo una recomendación para 2027.

En España, la Ley 4/2023 ya prohibía expresamente las terapias de conversión, pero hasta ahora, solo se castigaban con sanciones administrativas. «Esta reforma del Código Penal es fundamental porque muchas organizaciones que impulsan estas prácticas cuentan con el apoyo financiero de fundaciones privadas, redes internacionales integristas o estructuras eclesiales. Se ha visto que abonaban la multa y continuaban con su actividad pero con la nueva ley confiamos en que ninguna forma de tortura disfrazada de terapia vuelva a quedar impune», declara Iglesias.

Sin embargo, Paula Iglesias, alerta de que «este es solo un paso más hacia una vida más digna». «Pese a los avances legales, estamos lejos de alcanzar la igualdad real. En solo dos años se han triplicado las agresiones contra el colectivo. Por eso, este Orgullo 2026 salir a las calles es más necesario que nunca porque solo con movilización social se puede avanzar. Hay que seguir trabajando para eliminar el odio y la LGTBIfobia en cualquiera de sus vertientes, tanto en forma de pseudoterapias de conversión, como a través de los discursos de odio, una forma de odio organizado que se traduce en acoso, discriminación y agresiones a diario», declara.

«Además, hay que decirle alto y claro a Europa que las prácticas de conversión son tortura y que somos más las que queremos una sociedad libre de violencias. Hoy España ha demostrado que, con movilización social y voluntad política, es posible avanzar. Desde la Federación, seguiremos trabajando, a partir de la Iniciativa Ciudadana Europea impulsada por ACT, y por nuestra propia organización, para exigir a la UE que escuche a las más de un millón de firmas recopiladas y que declare eurocrímenes esta forma de tortura, para que se prohíban en todos los Estados miembros a través de una legislación vinculante, más allá de simples recomendaciones», declara.