La Federación Estatal LGTBI+ y su entidad federada, ALAS A Coruña, se han pronunciado tras la sentencia del Tribunal Supremo sobre el asesinato de Samuel Luiz. Las asociaciones consideran que el alto tribunal confirma la gravedad de los hechos, la alevosía del ataque y la concurrencia de la agravante de discriminación por motivos de orientación sexual, lo que mantiene la calificación del crimen «como delito de odio».
Paula Iglesias, presidenta de la Federación Estatal LGTBI+, ha señalado que «el reconocimiento expreso de la motivación de odio por parte del Tribunal Supremo resulta relevante para la identificación de este tipo de delitos». En relación con los hechos, ha indicado que «los insultos proferidos durante la agresión forman parte del contexto del crimen».
Desde ALAS A Coruña, que ejerció la acusación popular durante todo el proceso judicial, destacan que la sentencia ratifica lo establecido por las instancias anteriores. Su presidenta, Ana G. Fernández, afirma que «la resolución reconoce que la violencia puede estar motivada por el odio y que este debe ser identificado cuando concurren los requisitos legales».
Ambas entidades han expresado su agradecimiento al equipo legal de la acusación popular, integrado por el abogado Mario Pozzo-Citro y el procurador Luis Painceira, por su labor durante el proceso judicial.
Las organizaciones sitúan esta sentencia en un contexto de incremento de la violencia contra las personas LGTBI+. Según los datos recogidos en el informe Estado del Odio: Estado LGTBI+ 2025, una de cada cuatro personas LGTBI+ declara haber sufrido discriminación en España y las agresiones registradas se han duplicado en el último año.
Iglesias ha señalado que «más de 800.000 personas LGTBI+ han sufrido agresiones físicas o verbales en el último año en España», y ha indicado que estos datos reflejan una situación continuada.
Desde ALAS A Coruña recuerdan que el proceso judicial forma parte de la respuesta institucional frente a la violencia, junto a otras medidas orientadas a la prevención y la educación. Fernández apunta que «la actuación judicial no agota las herramientas necesarias para abordar esta problemática».
Por este motivo, ambas entidades solicitan la aprobación de un Pacto de Estado contra los discursos de odio hacia los grupos en situación de vulnerabilidad. La propuesta incluye medidas de prevención, educación en diversidad, formación, protección, acompañamiento a las víctimas y sanción conforme al marco legal vigente.
Las organizaciones concluyen que el desarrollo de estas medidas y su aplicación efectiva forman parte de las actuaciones dirigidas a garantizar la igualdad y a evitar la repetición de hechos similares al asesinato de Samuel Luiz.
