Cambio en bloque contra la discriminación a taxistas con VIH: 13 ayuntamientos de la Región revisarán sus ordenanzas

Un total de 13 ayuntamientos de la Región cambiarán de forma inminente sus ordenanzas municipales del taxi para garantizar que estas no supongan ningún tipo de trato discriminatorio a las personas con VIH. Así lo confirmó este miércoles a LA VERDAD el presidente de la Federación de Municipios de la Región de Murcia, Víctor Manuel López, tras la reclamación enviada por el sindicato UGT al Defensor del Pueblo por la imposición del requisito en las normativas municipales que regulan la obtención de las licencias no padecer una enfermedad infectocontagiosa.

El sindicato consideró que esta condición viola el marco legal vigente y choca frontalmente con los avances médicos de las últimas décadas, «perpetuando un estigma social que carece de base científica» en el ejercicio de la profesión con una normativa «que nunca debería haber sido ratificada por los plenos locales».

En este sentido, la secretaria general del sindicato en la Región de Murcia, Paqui Sánchez, indicó que los textos señalados «atentan contra el principio constitucional de igualdad y no discriminación y contra la propia ley integral para la igualdad de trato y no discriminación, de 2022».

UGT remitió además una carta formal a las alcaldías de los municipios afectados: Lorca, Molina de Segura, Alcantarilla, Torre Pacheco, Caravaca, Los Alcázares, Mula, Abarán, Albudeite, Blanca, Cehegín, La Unión y Totana.

La líder del sindicato, médica de profesión, recordó que el virus del sida nunca se ha transmitido por vía respiratoria, ni siquiera a través de la saliva, por lo que «nunca debió existir esta norma excluyente y profundamente injusta al tratarse de un virus que solo se puede contagiar mediante la sangre con carga viral y las prácticas sexuales de riesgo». «Esta injusticia tiene que terminar ya. No puede ser que una persona que sigue un tratamiento farmacológico antirretroviral y que, en consecuencia, ni puede transmitir el virus, ni se le detecta carga viral, ni nunca va a desarrollar la enfermedad del sida, no pueda trabajar por cuenta propia o ajena como taxista», defendió.

En este sentido, el presidente de la Federación de Municipios destacó que, tras hablar con los regidores, «todos coinciden en que esa situación es una discriminación que, bajo ningún concepto, se puede permitir y, en próximos plenos, efectivamente, todos van a abordar la modificación de esa ordenanza, de forma que desaparecerá cualquier limitación, y una persona que tenga el VIH no va a tener ningún tipo de problemática a la hora acceder, como cualquier otro candidato, a esa licencia de taxi en su municipio».

El alcalde del Ayuntamiento de Mula, Jesús Moreno, explicó a LA VERDAD que la ordenanza no ha supuesto límite alguno a la concesión de licencias de taxi para las personas con VIH en su municipio, ya que el Consistorio «nunca ha entendido el VIH como enfermedad infectocontagiosa que lo impida». «De hecho recientemente se ha licitado y adjudicado una licencia de taxi y no ha requerido certificado médico en ese sentido», añadió, aunque garantizó la modificación en el pleno de este mismo mes.

La mayoría de estas ordenanzas denunciadas por UGT llevan menos de diez años en vigor. De hecho, Alcantarilla aprobó su normativa hace menos de dos años, en 2024, y La Unión, en 2022. Molina de Segura y Abarán ratificaron los suyos en 2021. Lorca, Mula, Cehegín, Blanca y Albudeite lo hicieron en 2018. Caravaca de la Cruz y Los Alcázares, en 2017. Torre Pacheco votó el suyo en 2014, mientras que la ordenanza del taxi de Totana data de 2009. Que hayan salido adelante evidencia, según la organización sindical, que la mayoría de consistorios han hecho «copia y pega» de otras ordenanzas y del articulado del Real Decreto que en 1979 reguló el servicio del taxi en España.

Miguel Lajarín, secretario de Comunicación y LGTBI de UGT Región de Murcia, reconoció que «muchos plenos municipales no han sido conscientes del impacto legal que tiene» y recordó que otros municipios como Murcia y Cartagena, también han cambiado sus reglamentos en los últimos años con una redacción alternativa: «No padecer enfermedad o impedimento físico o psíquico que imposibilite o dificulte el normal ejercicio de la profesión».