La Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans, Bisexuales, Intersexuales y más (FELGTBI+) ha celebrado su IV Jornada sobre Innovación en Intervención con Delitos de Odio, un encuentro que ha reunido a especialistas de distintos ámbitos para analizar nuevas estrategias de prevención, detección y acompañamiento frente a la violencia motivada por la LGTBIfobia.
Durante la inauguración, el vicepresidente de FELGTBI+, Jonás Candaosa, ha advertido sobre la necesidad de reforzar la lucha contra los delitos de odio dirigidos al colectivo. Más de la mitad de las personas LGTBI+ en España, según ha señalado, ha sufrido algún acto de odio durante el último año. El experto ha añadido que el acoso, los insultos y la discriminación son las formas de violencia más frecuentes, tanto en espacios públicos como en entornos digitales.
Candaosa ha subrayado que estos comportamientos no son hechos aislados, sino manifestaciones de una violencia estructural que se mantiene en el tiempo y que afecta al conjunto de la sociedad. En este sentido, ha defendido que los delitos de odio constituyen una amenaza para la convivencia democrática al generar miedo, exclusión y vulneración de derechos fundamentales.
Asimismo, ha reclamado el impulso de políticas públicas orientadas a la prevención. Entre ellas, destacó la educación en diversidad, el compromiso institucional y el fortalecimiento de la sociedad civil como herramientas esenciales para combatir el odio antes de que se produzcan situaciones de violencia.
Por su parte, el fiscal de Sala Coordinador contra los Delitos de Odio y Discriminación de la Fiscalía General del Estado, Miguel Ángel Aguilar, ha señalado que uno de los principales retos continúa siendo la infradenuncia. Alrededor del 80% de las personas que sufren situaciones de LGTBIfobia, según ha explicado, no presentan denuncia, una circunstancia que dificulta conocer la verdadera dimensión del problema.
A esta realidad se suma, según Aguilar, la infradetección de numerosos casos que nunca llegan a ser identificados por las instituciones. No obstante, ha destacado los avances logrados en los últimos años gracias a la especialización de fiscales y operadores jurídicos, así como al trabajo desarrollado por la Unidad de Delitos de Odio y Discriminación de la Fiscalía General del Estado desde su creación en 2023.
El fiscal también ha recordado que la Fiscalía estableció en abril de 2024 que los insultos discriminatorios producidos en la vía pública deben considerarse delitos públicos y no privados, un criterio que ya ha sido respaldado por seis sentencias del Tribunal Supremo. A su juicio, esta interpretación supone un cambio jurídico relevante en la protección de las víctimas y en la persecución de este tipo de conductas.
Además, ha alertado sobre los nuevos desafíos que plantean las redes sociales, donde proliferan mensajes de humillación y odio dirigidos contra colectivos vulnerables. Por ello, ha reclamado mayores recursos y herramientas para que las instituciones puedan responder de manera eficaz a estas formas de violencia digital.
Un programa centrado en la prevención y la atención a las víctimas
La jornada ha contado con la participación de profesionales de la investigación, el ámbito jurídico, la intervención social y la psicología. Entre los temas abordados destacaron las particularidades de los delitos de odio contra las personas trans e intersexuales, la respuesta social frente a la discriminación cuando concurren diferentes factores de vulnerabilidad y las nuevas fórmulas de acompañamiento a las víctimas.
Asimismo, especialistas de universidades, entidades sociales, administraciones públicas y la Fiscalía han debatido sobre los mecanismos para restaurar el daño causado por los delitos de odio y avanzar hacia una respuesta más integral que combine prevención, protección y reparación.
